El 27 de enero de 2011 varios cientos de personas salieron a la calle para protestar contra la reforma de las pensiones que había ejecutado el Partido Socialista. El cambio legislativo elevaba la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y se ejecutaría de manera progresiva hasta 2027. La crisis ya se había asentado en la sociedad española y el Ejecutivo de Zapatero demostraba con esa reforma, una vez más, que ante la crisis optaba por la sumisión ante las órdenes de Europa: recortes y más precariedad. 

La manifestación, convocada con el lema Unidad contra el pensionazo y la nueva agresión: no al pacto social partía de Atocha a las 19.30 horas y debía terminar frente a las Cortes donde se haría una cacerolada. Sin embargo, la ruidosa protesta frente al Congreso nunca llegó a producirse. La Policía cortó el paso a los manifestantes antes de llegar a las Cortes y en la Plaza de Canalejas se dio lugar a la lectura del manifiesto con el que se daba por concluida la protesta. Sin embargo, según testigos presenciales, nada más terminar la lectura del manifiesto comenzaron las cargas policiales, que continuarían después en la Puerta del Sol, en Tirso de Molina y en la Latina. Eran los disturbios que anunciaban el inicio de un ciclo de potentes movilizaciones ciudadanas y de contundentes respuestas policiales.

Este martes, seis años y medio después de aquella manifestación y de aquellos incidentes, comienza el juicio contra los tres detenidos de esa noche: Sergio A., Luis F. D. y Ricardo R.C.. Los tres fueron detenidos en la Plaza de Canalejas, es decir, al inicio de las cargas policiales. Los tres niegan haber estado implicados en los enfrentamientos con la Policía. Los tres acusan a los agentes de arbitrariedad en sus detenciones. Los tres consideran que a dos de los acusados se les pide mayores penas de prisión por haber reclamado un parte de lesiones a su salida de los calabozos, donde estuvieron dos noches y tres días. Por partes.

La Fiscalía solicita tres años y ocho meses de prisión para Luis

La Fiscalía solicita tres años y ocho meses de prisión para Luis F. D, por presuntos delitos de desórdenes públicos, lesiones y un delito de atentado contra la autoridad. El Ministerio Público acusa a este joven de dar un puñetazo a un policía en el pecho, mientras que él dice que sólo estaba tomando fotos. También se piden dos años y ocho meses de cárcel para Sergio A. por haber lanzado una botella a un agente. El joven, sin embargo, dice que lo único que hizo fue interponerse entre la policía y su compañera cuando iba a ser golpeada. Por último, el Ministerio Público solicita un año y dos meses para Ricardo F. D, por un delito de desórdenes públicos y por haber insultado a los agentes con la la expresión "perros, hijos de puta". El joven niega completamente los insultos y dice que lo cogieron porque era el más retrasado del grupo que salió corriendo cuando comenzaron las cargas policiales. 

"Tanto yo como los otros dos chicos fuimos detenidos al inicio de las cargas policiales. Hubo disturbios, sí, pero yo los vi desde el furgón policial. Pasamos casi 72 horas en el calabozo y no sabíamos de qué nos acusaban. De camino a los juzgados de Plaza de Castilla fue cuando nos leyeron la acusación. No nos pareció casual que la acusación contra mis dos compañeros, que habían pedido un parte de lesiones tras el trato que recibieron en los calabozos, fuera más elevada", señala Ricardo R.C., educador social de profesión.

"Hubo disturbios, sí, pero yo los vi desde el furgón policial. Pasamos casi 72 horas en el calabozo y no sabíamos de qué nos acusaban"

Los tres jóvenes insisten es que el único motivos por el que fueron detenidos es por haber participado en la manifestación ya que, según afirman, las detenciones policiales fueron arbitrarias. "No, no tiré ninguna botella contra un policía ni contra nadie. Por supuesto que no. Estuvimos en la manifestación que transcurrió de forma normal y al final hubo algunas cargas policiales y nosotros que estábamos allí concentrados fuimos detenidos de forma totalmente arbitraria. De hecho, me detienen cuando estoy intentando evitar que golpeen a mi novia", insiste Sergio A.

Los jóvenes también consideran que el proceso judicial que están sufriendo tiene por objetivo "criminalizar la protesta social". "Creemos que el objetivo de estas condenas tan altas es ser ejemplarizante. Las detenciones se producen en un momento de recortes en el que no interesa que la gente salga a la calle. Además, estábamos protestando por un tema, como el retraso de la edad de jubilación, en el que prácticamente hay un consenso", dice Sergio A.

En la misma línea se pronuncia Ricardo, que recuerda que aquella manifestación fue una de las primeras señales de alarma de que el malestar social estaba creciendo mucho. "Creemos que forma parte de una campaña de criminalización en toda regla. Querían que los disturbios estuvieran en los periódicos y que se difundiera las detenciones. Parece que querían prevenir lo que vendría después", dice Ricardo. 

Retrasos en el proceso

Los acusados también denuncian el "desasosiego" y los problemas que les ha creado convivir con esta acusación y el proceso judicial durante más de seis años. De hecho, es especialmente llamativo que el juez de instrucción señalara que no había delitos en las acusaciones y que fuera la Fiscalía la encargada de recurrir la decisión para que finalmente se abriera un juicio penal. Asimismo, los acusados denuncian que otras dilaciones han venido por errores de la Justicia tales como confundir sus apellidos. 

Campaña de apoyo

El juicio a estos jóvenes ha despertado una campaña de solidaridad y apoyos que ha conseguido más de 200 firmas, entre las que se encuentra la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, el eurodiputado Miguel Urbán, los actores Alberto San Juan y Antonio de la Torre, y el escritor Isaac Rosa. "Recabamos apoyo porque fuimos nosotros pero podría haber sido cualquier. Nos quieren solos, pero nos tienen que encontrar en común", sentencia Sergio A.

Protesta frente a los juzgados

La campaña de apoyo a los tres acusados también ha convocado a los ciudadanos a acudir a las 10.30 horas de este martes a la puerta del juzgado de lo penal número 6 de Madrid, que se encuentra en la calle Julián Camarillo, número 11. El juicio comenzará a las 11 horas.